Con la Iglesia hemos topado

 

 

EL GOBIERNO REHÚYE LA BRONCA CON LOS OBISPOS Y REAFIRMA EL TRATO PREFERENTE A LA IGLESIA CATÓLICA

 

El obispo de Compostela, Julián Barrio, sentó doctrina este varano: “La Iglesia tiene todo el derecho del mundo a interferir en la política nacional si se trata de derechos fundamentales o de la salvación de las almas”. En la misma tacada había acusado al Gobierno de querer pervertir el orden natural (alusión a una eventual regulación del matrimonio entre homosexuales).

La doctrina Barrio reapareció ayer en otras bocas, al verse como un paso más hacia el laicismo las propuestas socialistas sobre las enseñanzas religiosas. Sin embargo, a mi juicio, esos temores no responden a la realidad. No existe el ánimo provocador que algunos detectan, salvo que estemos ante una controversia forzada por quienes la desean.

Zapatero no entra al trapo. Hace bien. La obligación del Estado es hacer buenos ciudadanos. La de la Iglesia, hacer buenos católicos. Cooperación, sí. Interferencias, no. Respeto a la “libertad de crítica” de la Iglesia y negativa a responder con otras críticas. El presidente se limitó a recordar que, en democracia, las leyes las hacen los parlamentarios en representación de los ciudadanos. Una obviedad de oportuno y casi imprescindible recordatorio.

Las declaraciones de ayer de Rodríguez Zapatero enfrían el ambiente hasta el punto de decepcionar a quienes atizan sin venir a cuento un enfrentamiento entre el Gobierno socialista y la Iglesia Católica. Zapatero no quiere bronca. Y no la habrá si el respeto es mutuo. Respeto a las opiniones de la otra parte. Simplemente, libertad de crítica. Sólo eso, porque, según él, no hay ninguna razón para revisar los acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede.

Esa precisión rectifica unas declaraciones previas del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que es un apóstata documentado. Había sugerido la necesidad de poner fin al trato preferencial que, también desde el punto de vista económico, el Estado español dispensa a la Iglesia Católica. El presidente del Gobierno aclara que mantendrá esos acuerdos. O sea, que el Estado seguirá aportando al presupuesto anual de la Iglesia española la cantidad no cubierta con la recaudación por la famosa casilla del impuesto sobre la renta (IRPF).

Este sistema, que nació como una fórmula provisional para complementar la financiación pública de la Iglesia Católica, dura ya 17 años y no parece que Zapatero tenga intención de revisarlo. No por ahora. Por si había duda, la vicepresidenta, Fernández de la Vega, claveteó las declaraciones del presidente y fue aún más explícita: “Seguiremos dispensando el trato preferente que la Constitución dispone para la Iglesia Católica. El Gobierno no tiene la intención de equipararla a ninguna otra religión”.

 

Antonio Casado