Rosa Vela Fuertes

Tal como recordó recientemente la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López Iglesia, una mujer es asesinada en España cada cinco días a manos de su pareja o ex pareja. El comentario de Fernández de la Vega se inscribía en las reticencias del máximo órgano de los jueces al proyecto de ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

Lamentablemente, no hay más remedio que volver a recordarlo, y cuantas veces sea necesario. La conmemoración del día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres -hablar de celebración sería un sarcasmo-, que se produjo ayer, ha coincidido con una nueva tragedia aparentemente relacionada con la violencia doméstica, la aparición del cadáver -con evidentes signos de violencia- de una joven de Lleida que llevaba varios días desaparecida.

Todas las medidas penales y policiales que contribuyan a erradicar esta lacra deben ser bienvenidas. En este sentido, y al margen de la citada ley, desde el pasado 1 de octubre el maltratador que quebrante una orden de alejamiento puede ser condenado a prisión y, desde este mes, 450 policías y guardias civiles prestan servicio en exclusiva a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Pero, como hemos señalado en otras ocasiones, estos esfuerzos pueden ser insuficientes si no se produce un significativo cambio de mentalidad, de manera que la sociedad contemple a los perpetradores de estos crímenes como auténticos asesinos, que es lo que son.